Adeje.jpgLa dirección general de Costas agrava la pugna con comunidades, clubes náuticos y empresas al considerar en un informe que numerosos muelles canarios tienen las concesiones caducadas.


Puertos del Estado, del Ministerio de Transportes, busca fórmulas para prorrogarles la concesión.


La dirección general de Costas ha irrumpido en el pulso soterrado que desde hace años libran Puertos del Estado, comunidades autónomas y clubes náuticos frente a empresas privadas sobre la continuidad de las concesiones con las que operan.


Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha enviado un informe al Gobierno canario en el que establece que 11 puertos de las islas anteriores a 1988, cuando se promulgó la ley de Costas, tienen su concesión caducada desde 2018 y que esta no se puede prorrogar.


Con esta interpretación de la dirección general, lucrativos puertos por toda España estarían ya sin permiso, lo que relanza la guerra empresarial por su gestión. Sin embargo, Puertos del Estado, del Ministerio de Transportes, está buscando fórmulas para prorrogarles la concesión.


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